La delegación de Justicia, Administración Local y Función pública ha firmado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de La Carlota para la ejecución de medidas judiciales, en régimen abierto de menores infractores, que beneficiará a éstos principalmente, según ha informado la delegada de Justicia, Administración Local y Función Pública, Raquel López.
La puesta en marcha de este convenio con los distintos ayuntamientos facilitará que los menores infractores puedan cumplir en su localidad las medidas de medio abierto que se le puedan imponer, sin necesidad de desplazarse a la capital, como hasta ahora ha ocurrido.
El convenio rubricado con La Carlota tiene una vigencia de cuatro años, prorrogable otros cuatro más, y establece una serie de medidas y responsabilidades entre las partes, entre las que destaca, como ha explicado la delegada, “la prestación en beneficio de la comunidad que suelen ser dirigidas al mantenimiento de instalaciones deportivas, limpieza de parques y jardines, mantenimiento de espacios y mobiliario urbano, apoyo a protección civil, acompañamiento a personas mayores o con discapacidad, entre otras”.
Otras de las medidas es la realización de tareas socioeducativas, actividades reparadoras a favor de la sociedad y la permanencia de menores en fines de semanas, a lo que pueden ser condenados hasta 36 horas.
La obligación que ofrece este convenio, por parte de la delegación de Justicia, ha informado López, “es programar y desarrollar el cumplimiento de las medidas impuestas al menor, así como hacer un seguimiento de su cumplimiento, en coordinación con el Ayuntamiento”.
Al mismo tiempo, ha añadido la delegada, “la Junta de Andalucía se hace cargo de las cuotas de la Seguridad Social cuando el menor tiene más de 16 años. En caso de menores de 14 a 16 años se contrata un seguro de accidentes para que se cubra cualquier contingencia que pueda surgir en el desarrollo de la actividad”.
Por su parte, el Ayuntamiento de La Carlota “se hace cargo de la elaboración de un catálogo de las posibles tareas que tengan que hacer los menores y los medios necesarios, así como facilitar los controles que realizamos desde la delegación”, ha señalado López.
Lopez ha explicado que “el hecho de que el cumplimiento de las infracciones se realice en el propio municipio facilita el trabajo en la Delegación y también el del Ayuntamiento, que recibe los beneficios de las tareas sociales ejecutadas. Pero, sobre todo, beneficia al menor infractor ya que todas estas medidas tienen como finalidad última la reinserción, aprender que la conducta cometida tiene unas consecuencias y la reparación a la sociedad”. La Junta de Andalucía realiza estas actuaciones por su competencia en materia de jóvenes infractores y, en virtud de la Ley Orgánica de Responsabilidad del Menor, la ejecución de las medidas adoptadas por los Juzgados de Menores.